La diputada Andrea Gordillo Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), pidió resultados verificables a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la comparecencia de su titular, Fernando Blumenkron Escobar, ante el Congreso de Morelos.
La legisladora señaló que los recursos públicos destinados a la procuración de justicia deben reflejarse en investigaciones efectivas, reducción del rezago y sentencias condenatorias que den respuesta a las víctimas.
Durante su intervención, citó datos de México Evalúa para señalar que Morelos registra un índice de impunidad penal institucional del 97.61%, cifra que, de acuerdo con la diputada, coloca a la entidad entre las cinco con mayor impunidad en el país.
Gordillo Vega sostuvo que detrás de estos indicadores hay víctimas y familias que continúan esperando respuestas de las autoridades, por lo que consideró necesario evaluar el desempeño de la Fiscalía más allá de sus informes de actividades y adquisiciones.
Cuestiona ejercicio del presupuesto de la Fiscalía
En materia financiera, la diputada recordó que para el ejercicio fiscal 2026 se autorizó a la Fiscalía General del Estado un presupuesto de 1,120 millones 804 mil 804 pesos con 72 centavos.
Ante esta asignación, solicitó transparentar cuánto recurso se ha ejercido efectivamente y qué porcentaje se ha destinado de manera directa a fortalecer los servicios periciales y las capacidades de investigación del Ministerio Público.
La legisladora planteó que el gasto público debe poder relacionarse con resultados concretos en la atención de las investigaciones y la procuración de justicia.
Señala cifras de carpetas, judicializaciones y sentencias
Como parte de sus cuestionamientos, Andrea Gordillo revisó las cifras presentadas por la propia Fiscalía para el periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 6 de agosto de 2026.
De acuerdo con esos datos, durante dicho periodo se iniciaron 28 mil 14 carpetas de investigación. De ellas, mil 632 fueron judicializadas y se obtuvieron 226 sentencias condenatorias.
También señaló que 4 mil 766 carpetas fueron enviadas a archivo temporal, cifra que, según su intervención, representa aproximadamente el 62.5% de las investigaciones que tuvieron alguna forma de terminación.
Al respecto, advirtió que esta figura legal no debe utilizarse como una salida administrativa para dejar expedientes sin atención.
Finalmente, la diputada reiteró que el Congreso debe mantener su labor de vigilancia sobre la Fiscalía y pidió que los recursos públicos destinados a la institución se reflejen en resultados que respondan a las necesidades de justicia de las familias morelenses.
