El diputado Alberto Sánchez Ortega presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno del Congreso de Morelos para pedir la revisión de requisitos que puedan condicionar, discriminar, limitar o excluir el acceso a servicios y apoyos funcionales para personas con discapacidad y adultos mayores. El exhorto está dirigido al Titular del Poder Ejecutivo, las Secretarías de Salud y de Bienestar, sus dependencias, el Sistema para el DIF Morelos y los 36 Sistemas DIF municipales.
Buscan eliminar barreras administrativas
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad señaló que existen quejas constantes sobre barreras administrativas y cargas económicas que pueden dificultar el acceso a servicios de asistencia social.
De acuerdo con el legislador, entre estas prácticas se encuentran los límites de edad, criterios relacionados con enfermedades, cargas económicas desproporcionadas y trámites que pueden resultar gravosos para las personas.
Sánchez Ortega señaló que estas condiciones pueden excluir directamente a personas con discapacidad y personas adultas mayores de servicios y apoyos necesarios para su movilidad y atención.
Piden revisar requisitos y cobros
A través del punto de acuerdo, el diputado solicitó revisar, armonizar, eliminar y modificar, cuando corresponda, reglamentos, lineamientos, criterios de elegibilidad y reglas de operación.
La revisión también contempla procedimientos administrativos, cobros o cuotas que puedan condicionar, discriminar, limitar o excluir el acceso a apoyos funcionales para la movilidad, ayudas técnicas y aparatos ortopédicos por motivos de edad o condición de salud.
El objetivo señalado en el exhorto es cumplir con los principios de igualdad y no discriminación.
Criterios de la Suprema Corte
Sánchez Ortega también destacó determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con estos temas.
Según lo expuesto por el legislador, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de negar apoyos funcionales con base en diagnósticos crónicos. También prohibió establecer límites máximos de edad en programas de rehabilitación e insumos de salud y estableció la primacía de la prescripción médica.
Además, señaló la obligación de aplicar una estricta “perspectiva de persona mayor”, es decir, considerar las condiciones y derechos de las personas adultas mayores al tomar decisiones que les afecten.
Al Salón de Plenos acudieron integrantes de organizaciones civiles, entre ellas Nueva Vida para la Discapacidad, Inclusión y la Diversidad; Red de familias Trisomía 21 Morelos; Alianza Morelense de Organizaciones a Favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad; colectivo Alas de Metal con sede en el Congreso de Morelos; e integrantes de Productores y Artesanos de Morelos para el Mundo.
El legislador sostuvo que la salud y la inclusión deben ser consideradas derechos humanos fundamentales que las instituciones están obligadas a tutelar y garantizar.