Proponen reforzar el Registro Estatal de Agresores Sexuales
Morelos.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada Andrea Gordillo Vega presentó una iniciativa para hacer más efectivo el Registro Estatal de Agresores Sexuales y evitar que personas sentenciadas por delitos sexuales ocupen puestos de confianza, autoridad o cuidado en espacios donde convivan diariamente con menores de edad.
La propuesta plantea que la Fiscalía General del Estado asuma el control total del registro y sea responsable de mantenerlo actualizado. Para ello, se establece que la información deberá actualizarse en un plazo máximo de 48 horas después de que exista una sentencia firme.
De acuerdo con la iniciativa, esta medida busca evitar que alguna omisión administrativa permita que una persona con antecedentes de estos delitos llegue a ocupar un puesto que implique contacto cotidiano con niñas, niños y adolescentes.
Escuelas y empresas deberán revisar a sus aspirantes
La propuesta contempla que las escuelas, dependencias públicas y empresas particulares de sectores como el deporte, la salud y la cultura revisen el estatus de las personas antes de contratarlas para actividades relacionadas con menores.
En el caso de las instituciones públicas, la consulta se realizaría directamente en el Registro Estatal de Agresores Sexuales. Por su parte, los planteles educativos y negocios particulares deberán solicitar al interesado una constancia de no inscripción expedida por la Fiscalía General del Estado.
Para reforzar la seguridad del documento, la constancia contaría con un código QR y tendría una vigencia de 30 días.
La obligación aplicaría, entre otros puestos, a maestros, directivos, choferes, entrenadores, psicólogos y voluntarios que desarrollen actividades en estos espacios.
Un proceso de transición de hasta 180 días
Andrea Gordillo Vega aclaró que la medida propuesta no representa un doble castigo para quienes ya cumplieron una pena ni establece una prohibición general para trabajar. Según explicó, se trata de una regla específica de protección para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa también contempla un proceso de transición para transferir la base de datos existente a la Fiscalía General del Estado. Además, establece un plazo de hasta 180 días para que las autoridades, escuelas privadas y demás espacios involucrados adecuen sus reglamentos y sistemas de contratación.
Finalmente, la legisladora señaló que, cuando se trata de proteger a niñas, niños y adolescentes, las medidas de prevención deben responder al riesgo existente. Destacó que la actuación de las autoridades no debe limitarse a intervenir después de que ocurra un daño, sino que existe una responsabilidad de generar condiciones para proteger el derecho de la niñez a una vida libre de violencia.