El diputado Alberto Sánchez Ortega presentó durante la sesión ordinaria de este jueves, iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del estado, en materia de derechos a la consulta para personas con discapacidad, conforme al artículo 4.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La propuesta busca favorecer la participación activa y en beneficio de una población de más 370 mil morelenses con discapacidad, que los convierte en la minoría más grande de la entidad, dijo el legislador, quien preside la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad y es integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Expuso que, la consulta a personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, lo cual implica que su omisión se traduce en un vicio formal, invalidante del procedimiento legislativo y, consecuentemente, del producto legislativo, lo que incluso afecta o limita la progresividad de derechos a su favor.
El no reconocer el Derecho a la Consulta de las Personas con Discapacidad ha traído como consecuencia una larga lista de precedentes y resoluciones derivados de Acciones de Inconstitucionalidad resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha a lo largo de varios años ha invalidado diversas reformas y leyes a nivel nacional y estatal, refirió.
Comentó que, precisamente por sí haber cumplido ese requisito, sólo existe hasta hoy a nivel nacional un caso registrado que ha salvado y superado una acción de inconstitucionalidad, y es la del expediente 179/2023 relativa a la actual Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, cuya iniciativa fue presentada por él en la pasada legislatura.
Por ello expuso como necesario reconocer que este Derecho a la Consulta debe avanzar de lo formal a lo sustantivo, al reconocerse en el marco legal del Congreso para la protección efectiva de los derechos humanos y fundamentales de las personas con discapacidad; y al elaborar la legislación se cumpla con el objetivo de una mayor participación democrática de este sector social.
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